Los cinco acusados de Marea Verde durante el juicio de este lunes. Foto: Primo Romero
La ausencia de la consejera de Educación, Dolores Serrat, en el juicio contra la cinco personas de Marea Verde acusadas de “coacción y desorden público” y finalmente absueltas por la no ratificación de la denuncia original interpuesta por la propia consejera, ha generado diversas críticas siendo calificada como “abuso de poder”, “actuación caprichosa, antidemocrática y temeraria” o “frivolidad intolerable”.
“La señora consejera de Educación que tan afectada dijo estar cuando una farola de las cercanías de su casa se convirtió en árbol de navidad con tupperwares en denuncia de los recortes a la educación pública ha mantenido su acusación de coacción durante meses, apoyada por un fiscal que llegó a calificar los hechos de atentado a la autoridad, para al final no presentarse en el juicio a defender su criterio. O bien tanta afectación era espuria y buscaba esconder su destrozo de la educación pública bajo la apariencia de víctima o ha mantenido la acusación hasta el último momento en un claro ejercicio de abuso de poder”, señala FAPAR en un comunicado.
Para FAPAR “abusar de su posición es mantener a cinco ciudadanos inocentes sometidos a la tensión de un proceso judicial pendiente y hacerles incurrir en los gastos que dicho procedimiento trae consigo. También es un abuso distraer los recursos de la administración de justicia para sus intereses políticos y personales. La señora consejera ha faltado al respeto a los acusados falsamente, a toda la comunidad educativa que los ha apoyado, al conjunto de la ciudadanía que espera una actuación recta de los cargos públicos y a la administración de justicia de la que se ha burlado manteniendo abierto un procedimiento innecesariamente”.
La política educativa de Serrat ha motivado que todas las organizaciones que integran la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza hayan pedido reiteradamente su dimisión. “Su actuación en este caso constituye una razón adicional y si no se va ‘motu propio’, deberá ser cesada por la presidenta que la nombró”, sostienen.
La asociación Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL), integrada en esta Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, “censura y reprocha” la actitud de la Consejera de no presentarse al juicio que “ella misma provocó con su particular denuncia”. “Hay que estar muy seguro a la hora de denunciar unos hechos ante la justicia para luego no comparecer como si esto fuera un divertimento”, añade MHUEL.
MHUEL ha definidido como “desatino mayúsculo” mantener “en jaque a cinco personas, hacer trabajar a la justicia en la instrucción, calificación y tipificación de los delitos con vista previa y recurso a la Audiencia Provincial de Zaragoza con los gastos y trabajo que ello conlleva, para que al final la demandante no se presente al jucio y el resultado sea la libre absolución por incomparecencia de la acusación”.
Para MHUEL estos hechos “no hacen más que corroborar la abyecta intencionalidad política de lo que está ocurriendo en Aragón por los recortes en general y en particular por los que atañen a la educación pública”. Asimismo también ha recordado que fue esta denuncia de la consejera la que hizo que el Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, “blindase y cerrase ‘a cal y canto’ la calle Alfonso” (domicilio de Serrat) para el tránsito de las manifestaciones. “Cuestión -continúa MHUEL- que también tuvo que dirimirse judicialmente con resultado desfavorable a las tesis de la Delegación con sentencias y autos durísimos por la política del Delegado en su afan de proteger la vivienda de la consejera ausente”.
MHUEL se alegra de la absolución de las cinco personas que “nunca tendrían que haber sido denunciadas” y vuelve a pedir la dimisión o el cese de la Dolores Serrat y del delegado Gustavo Alcalde por “su torpeza manifiesta, su bajo perfil político y su caprichosa conducta”.
Por su parte, CGT rechaza “la utilización de la justicia” para “criminalizar la legítima protesta contra los recortes en la enseñanza pública, así como el intento de amordazar todas las voces que se alzan contra una política educativa marcadamente antisocial”. De igual forma, se ha mostrado contraria a “la negativa a la autorización de cualquier manifestación de nuestro sindicato que transcurra por la calle Alfonso y las acciones legales que se han emprendido contra personas simplemente por el hecho de estar el portal de la consejera”.Este sindicato ha agregado que la Ejecutiva del PP “no tolera los escraches y prepara una Ley de Seguridad Ciudadana incompatible con la libertad de expresión” y “nos preguntamos qué nombre se le puede dar a la tensión continua a la que han sido sometidos los compañeros durante el tiempo que ha durado este proceso”.
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