
Mientras que en Italia y Alemania las víctimas del fascismo y del nazismo fueron rehabilitadas y algunos de los principales responsables de ambas dictaduras castigados, en España nada de eso ha sucedido. La mal llamada transición democrática cubrió con un manto de impunidad a los torturadores de la Brigada Político-Social, a los jueces del Tribunal de Orden Público y a los militares que condenaron a muerte a miles de personas en Consejos de Guerra. Todos ellos siguieron en sus puestos y fueron recompensados por la monarquía juancarlista con nuevos cargos y ascensos en el escalafón, mientras sus víctimas caían en el olvido.