El silencio en la sala
La Transición obró el milagro de que personajes, que una noche se acostaron falangistas a la mañana siguiente se levantaran demócratas.
Mikel Arizaleta | Para Kaos en la Red | Hoy 11:54 | 251 lecturas
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“La Transición blindó el derecho al honor del fascismo español, dejando intacta su memoria, mientras que olvidó el derecho al honor y la restitución de las víctimas de la terrible y larga dictadura militar”, dice el profesor de historia Francisco Espinosa Mestre en su libro Callar al mensajero. La Transición obró el milagro de que personajes, que una noche se acostaron falangistas a la mañana siguiente se levantaran demócratas. Una muestra, de las muchas, en derecho es Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General de Abogacía, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Senador por designación real en 1977 y que tras el golpe de 1936 anduvo por el “sudoeste al servicio de la maquinaria judicial militar creada por los conspiradores”. Dedo del rey y de Franco. Sin duda que un estudio serio sobre el aparato judicial franquista y postfranquista de abogados y jueces, que colaboraron en los consejos de guerra sumarísimos de urgencia a través de las oficinas jurídicas de los gobiernos militares, dejaría al claro de qué hablamos en el estado español cuando hablamos de justicia, “único islote fascista tras la Segunda Guerra Mundial”.Y fueron estos nuevos demócratas quienes destruyeron y esquilmaron los archivos, los fondos de documentación militar y policial, los documentos generados por la Administración del Estado, e impidieron el acceso a ellos, tratando de borrar el pasado y sus huellas criminales. Hoy ya nadie duda de que La Ley de Amnistía de 1977 fue una verdadera Ley de Punto Final de la Transición española, del atado y bien atado. La impunidad de los vencedores. En la transición española jugaron papel importante y fueron protagonistas personas abiertamente relacionadas con el golpe militar y la represión fascista. Es conocido que Rodolfo Martín Villa, falangista y ministro de la Gobernación en 1977, ordenó la destrucción de los archivos del Movimiento. Lo dice el profesor de Historia Hermes Tovar Pinzón: “… los estados en determinados momentos […] optan por prescindir de ciertos archivos o por tolerar el saqueo o abandono de los mismos”. Para no mirar atrás.
En diciembre de 2008 el Gobierno socialista anunció la creación de una oficina para las víctimas de la guerra civil y la dictadura, que supuestamente elaboraría el protocolo de actuación para las exhumaciones, en agosto de 2009 todavía no ha sido creada. El pleno del Senado del 11 de marzo de 2009 rechazó con los votos socialistas y peperos la reforma de la Ley de Memoria Histórica para que fuera el Estado quien directamente corriera con los gastos de localización, identificación y exhumación de los restos de las personas, que todavía hoy permanecen desaparecidas. Porque digamos claramente: hoy siguen siendo muchos los desaparecidos, los enterrados en acequias y caminos con el tiro de gracia en su cabeza, y sigue siendo normal, a la vez que delatora, la inacción judicial ante la aparición de restos humanos en fosas comunes; son muchos los jueces que se niegan a personarse en el lugar de los hechos, a identificar los cadáveres e incluso a tomar declaración a testigos o personas que pudieran aportar alguna luz al respecto. La Audiencia Nacional no ha movido un dedo ante los crímenes contra la humanidad cometidos durante el golpe de Estado y la dictadura franquista.
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