Nada descubro cuando afirmo que estamos delante de una genuina estafa. En su versión más reciente, esa estafa se vincula estrechamente con la palabra deuda...Aunque nuestros gobernantes parecen empeñados en subrayar que arrastramos un grave problema de deuda contraída por las diferentes administraciones públicas, la realidad es muy diferente: hasta hace bien poco más de las cuatro quintas partes de la deuda española correspondía a agentes privados, entre los cuales despuntaban con claridad inmorales entidades financieras. Sólo una pequeña fracción de la deuda privada había sido contraída, entre tanto, por las unidades familiares.
En el meollo de la estafa mencionada despunta, claro, una circunstancia más: asistimos a un inmoral proceso de estatalización de la deuda privada que está en el origen de recortes y agresiones contra derechos. En virtud de la decisión asumida por los dos grandes partidos españoles, los desafueros cometidos por los responsables de bancos y cajas de ahorro los tenemos que pagar todas. No está de más que, en este terreno, recuerde lo que debiera ser evidente: mientras nuestros gobernantes acuden presurosos a salvar la cara a las instituciones financieras, no actúan de la misma manera con las familias. Ahí está, para demostrarlo, ese dato espeluznante que nos habla de nada menos que 350.000 desahucios.
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