19 mayo 2013.- Agentes de la policía española identificaron a padres y madres de Marea Verde en Torrero. Foto: José Antonio García (Timu)
Estas asociaciones solicitan formalmente que en el próximo pleno de la Junta se planteé la reprobación del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, y la petición de que dimita de su cargo, “ante la oleada de actos represivos que lleva dirigiendo desde su puesto contra todo tipo de colectivos sociales y ciudadanos, que nos venimos manifestando y organizando en defensa de los derechos sociales y civiles, frente a las actuaciones del gobierno español, y los graves recortes que se están produciendo al estado social, y a las prestaciones sociales”.
Para estas asociaciones el delegado del Gobierno “confunde en sus funciones, el desempeño de salvaguardar la seguridad ciudadana con actuaciones que limitan el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación”. En este sentido las vecinales recuerdan lo ocurrido hace unos días en las calles de Torrero “con el despliegue policial desmesurado en una concentración de la comunidad educativa para apoyar a un profesor y vecino detenido, y que, después de transcurrir con total normalidad, y tras disolvernos los allí presentes, la policía se situó en calles adyacentes, identificando e interrogando a madres y padres, delante de sus hijos, solo por llevar una camiseta de Marea Verde”.
“Especialmente grave nos parece también la forma de actuar contra los compañeros de la Plataforma Solidaria de Actur, y las multas desproporcionadas contra Stop Desahucios, por realizar actos pacíficos para sensibilizar sobre el problema de los desahucios. Son solo dos casos recientes, aunque la lista desgraciadamente es extensa” denuncian las vecinales.
Una larga lista de solicitudes de dimisión del delegado de Gobierno en solo un mes
La petición de dimisión de Gustavo Alcalde, delegado de Gobierno en Aragón, de la asociaciones vecinales de Torrero, La Paz y Venecia engrosa una larga lista de solicitudes de este tipo. Al igual que estas vecinales, la AV del Actur ya pidió la dimisión el pasado 22 de mayo del delegado y subdelegado por los hechos del 18 de abril que hoy, martes 28, están siendo juzgados. La AV Ebro – L´Almozara declaró, el 21 de mayo, que “de continuar con esta política represiva contra los colectivos críticos con las actuaciones del poder, solicitaremos su dimisión, así como la de su subdelegado”.
Puyalón de Cuchas señaló a Gustavo Alcalde como responsable político de los incidentes producidos en la concentración fascista celebrada el pasado 20 de abril en Zaragoza, y al igual que la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y la Iniciativa Popular Contra los Actos Fascistas (IPCAF), pidió su dimisión. La Plataforma Stop Desahucios hizo lo propio al considerar a Alcalde como culpable de la escalada represiva contra esta plataforma, y en concreto con el proceso contra ‘Los 51 de Zaragoza’.
La misma solicitud llegó desde Izquierda Unida, en relación a la detención de un maestro de Marea Verde en una concentración contra un acto de Dolores Serrat y desde el Partido Comunista de Aragón, por la “enésima” prohibición de una manifestación cuyo recorrido transcurriría por la calle Alfonso con la “excusa” de ser la residencia de la consejera de Educación Dolores Serrat.
“Expedientes sancionadores abiertos a manifestantes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras en ejercicio de su derecho de huelga, juicios de faltas contra una ciudadana por intentar entregar un escrito en la sede del IASS, brutales cargas de la Guardia Civil en Artieda, modificaciones sistemáticas de recorridos de convocatorias comunicadas en tiempo y forma, identificaciones intimidatorias a participantes en manifestaciones, concentraciones e incluso en actos públicos por el simple hecho de tener una opinión contraria a la acción de Gobierno” son las razones que Chunta Aragonesista esgrimió para exigir el cese inmediato de Gustavo Alcalde, así como de su equipo de gobierno.
“El Delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, ha decido que ‘la calle es suya’, respondiendo a las movilizaciones y protestas de Mareas y Colectivos con fuertes despliegues policiales, indiscriminadas identificaciones, sanciones y detenciones”, señalaban desde el colectivo Ateneo, expresando su repulsa por la criminalización y acoso a los Movimientos Sociales. En el mismo sentido expresaba su descontento la Asamblea del 15M ante la legalización el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar de una concentración de Falange que coincidió con el acto de aniversario del 15M.
Por último, el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) tachó de “estrafalarias y falsarias” las declaraciones de Gustavo Alcalde expresando su satisfacción ante la sentencia del TSJA contra los ‘escraches’, relativa a una modificación de itinerario de una manifestación promovida por el sindicato de Enseñanza de CGT.
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