Nace Foro ‘Público 100%’ en defensa de los derechos sociales y los servicios públicos | AraInfo | Achencia de Noticias d'Aragón
Nace Foro ‘Público 100%’ en defensa de los derechos sociales y los servicios públicos
Tras
un año de trabajo llevado a cabo por CGT, STEA, IU, CHA y MHUEL en
defensa de la Educación Pública y en contra de los conciertos
educativos, se ha configurado una campaña en Zaragoza que se extiende a
todos los sectores públicos y que cuenta con el respaldo de otras
organizaciones -CATA, Intersindical, SF-i, FABZ, Marea Blanca, Marea
Naranja y Marea Verde Universidad- bajo el nombre de Foro ‘Público
100%’. “Se trata de comenzar con concentraciones de los diferentes
sectores públicos, para concienciar a la ciudadanía de las consecuencias
de la privatización de estos servicios y terminar con una manifestación
contra la privatización de los servicios públicos”, señalan en un
comunicado las organizaciones.
Este jueves, en rueda de prensa, hicieron público un calendario de
movilizaciones que arrancarán el martes 11 de febrero con una
concentración en defensa de la Educación Públicas y los Servicios
Sociales, a las 18.00 horas en la plaza de España.
Posteriormente se celebrarán otras concentraciones en defensa de la
Sanidad, 18 de febrero a las 14.00 horas en la puerta del Hospital
Clínico Universitario; los Transportes y comunicaciones, 20 de febrero a
las 18.00 en la Estación de Goya; la Universidad, 24 de febrero a las
12.00 en la plaza San Francisco; los Servicios Municipales, 25 de
febrero a las 18.00 en la plaza del Pilar, frente al Ayuntamiento. Para
concluir en una gran manifestación convocada el 27 de febrero, a las
18.00 horas, con salida en la plaza San Miguel y con final la Delegación
del Gobierno en Aragón.
En un comunicado unitario, las organizaciones agrupadas en Foro
‘Público 100%’ recuerdan que generaciones de ciudadanos y ciudadanas
“han trabajado duro para crear infraestructuras esenciales, para
impulsar sectores estratégicos o para crear organismos que suministrasen
servicios básicos para la comunidad”. “Con la excusa del mandato
europeo y de la supuesta eficiencia del sector privado, los sucesivos
gobiernos del PSOE y del PP han ido vendiendo el patrimonio acumulado.
Multitud de empresas han pasado a manos de multinacionales y amiguetes
del político de turno: Repsol, Endesa, o Gas Natural en el sector
energético; Transmediterránea, Enatcar, o Iberia del transporte; AENA en
aeropuertos; Telefónica en comunicaciones; Argentaria en la banca,
Tabacalera y luego Altadis en los tabacos; Indra en informática,… La
lista es larga. Y las consecuencias funestas”, añaden en el comunicado.
“El Estado -continúa el comunicado- dejó de percibir unos ingresos
que ahora vendrían de maravilla y perdió el control de sectores
estratégicos que hoy serían poderosas herramientas para combatir la
crisis. El empleo ha disminuido y los que quedan, trabajan en peores
condiciones. Los ciudadanos recibimos peores servicios y pagamos tarifas
más altas. Tan sólo han ganado quienes se las quedaron a precio de
saldo y los políticos que lo impulsaron que hoy se lucran como asesores o
consejeros. Apropiarse de los principales negocios les supo a gloria y
decidieron continuar. Le quieren hincar el diente a los aeropuertos, a
los ferrocarriles y al servicio de correos. Valoran poner peaje en las
autovías que hoy son públicas. Desde hace tiempo se vienen haciendo con
contratas municipales de limpieza, de recogida de basuras o de
transporte urbano. Con la distribución del agua y su depuración. Con los
servicios de atención a la dependencia, la tele asistencia o las
residencias. En Sanidad comenzaron introduciendo criterios de gestión
privada. Privatizan cocinas, limpieza y lavandería. Siguen con pruebas
diagnósticas, con los laboratorios y cirugía menor”.
“En la Educación se valieron de la excusa de la ausencia de centros
públicos para sostener la red de centros privados que las congregaciones
católicas tenían bajo la dictadura. Tanto el PSOE como el PP ampliaron y
consolidaron dicha red y ahora se usa la LOMCE para impulsarla y
abrirla a las grandes constructoras que están ávidas de hacer negocios.
Asistimos a un desmantelamiento programado de la escuela pública,
reduciendo programas, presupuesto y profesorado, así como reducción de
becas de comedor y material escolar, lo que supone una disminución de la
calidad educativa y atención al alumnado que más lo necesita. La
Universidad no es una excepción. A la expansión de las universidades
privadas (U. San Jorge) se le une el deterioro financiero de la pública,
el soporte privado de la investigación y la presencia cada vez mayor de
cátedras de financiación privada. La reorientación a la formación
laboral en detrimento de la formación propiamente dicha, la pérdida de
valor de los grados que impulsa la creación de másteres de alto precio,
la subida de tasas y la reducción de becas. Quien piense que Wert ha
acabado su faena, se equivoca. Una nueva ley para apuntillar a la
maltrecha universidad pública está anunciada”, asevera el comunicado.
Las pensiones públicas llevan mucho tiempo en el punto de mira de la
banca. Para las organizaciones firmantes “todas las reformas, sean del
PSOE o del PP, han ido siempre en el mismo sentido. Reducir prestaciones
y cambiar el fondo del sistema: de un salario de sustitución para quien
ya no puede trabajar a un seguro en función de lo aportado. Preparando
el camino para el reemplazo paulatino del sistema público de pensiones
por uno privado. Los servicios municipales y sociales han sufrido la
pérdida de más de 800 puestos de trabajo desde el 2008. Lo que significa
que determinados servicios no se puedan prestar en condiciones por
falta de plantilla. La nueva Ley de racionalización y sostenibilidad
local, va a traer consigo la privatización o eliminación de los
servicios municipales: guarderías, escuelas municipales…”
A esto hay que añadir la disminución de recursos económicos para los
servicios sociales. “La crisis económica como causa coyuntural, pero
también un sistema social injusto han provocado que aumente la situación
de precariedad de miles de familias que solicitan apoyo. Los Servicios
Sociales, son incapaces de dar respuesta a esta situación”, apostillan.
“No se puede seguir por ese camino. No sólo por evitar que siga el
expolio y el robo de lo construido durante años. Es también la defensa
de una forma de hacer cumplir los Derechos humanos. El derecho a la
educación, a la sanidad, a la vivienda, al transporte, a la seguridad en
la vejez, a los cuidados en la dependencia… no pueden depender de los
recursos individuales, ni estar al servicio del beneficio económico. La
privatización de todos estos servicios, el incremento del paro, los
recortes de retribuciones que pretenden dejar nuestros salarios entre
400 y 600 euros mensuales junto al apabullante recorte de derechos
civiles y libertades, nos llevan a la más pura y dura esclavitud, sin
cadenas, pero inmovilizados” concluyen.
